CILPANGINCOG,
Gro., 01 Marzo 2016.- La violencia e inseguridad ligada al narco que se vive en
la entidad se generó hace 10 años por la “corrupción del sistema político”,
acusa el Plan Estatal de Desarrollo (PED) elaborado por la administración del
priista Héctor Astudillo Flores.
Durante
este periodo, administrado por los gobernadores postulados por el PRD, Zeferino
Torreblanca y Ángel Aguirre, la entidad “se convirtió” en una de las más
inseguras para vivir, “despojando así a los guerrerenses de su tranquilidad y
causando temor entre la sociedad y amenazando la gobernabilidad”, señala el
documento al que tuvo acceso Apro.
El
texto de 172 cuartillas entregado por el gobernador Astudillo a diputados
locales el pasado viernes plantea, en el apartado de Diagnóstico, que Guerrero
es uno de los estados con mayor número de asesinatos de funcionarios públicos y
políticos que “se sospecha fueron cometidos” por personas enquistadas en la
esfera política.
También
refiere que los elevados niveles de percepción ciudadana sobre la corrupción de
autoridades de SSP, Ejército y Marina, aunados a “la ineficiencia e ineficacia”
del sistema judicial, han provocado que 97% de los delitos no sean denunciados.
Esta
cifra coloca a Guerrero en el primer lugar entre las entidades “con mayor cifra
negra” en la materia.
Incluso,
cerca de 70% de los ciudadanos califica como corruptos a policías estatales y
federales; los jueces alcanzan 62% de percepción ciudadana sobre corrupción;
mientras que el Ejército tiene 30 y la Marina 20% de desconfianza social en
Guerrero, indica el PED.
El
documento también refiere que 80% de los ciudadanos se sienten inseguros en la
entidad y que más de 95% de los homicidios dolosos quedan impunes porque el
sistema de procuración de justicia es desarticulado y formalista, debido a que
antepone “la verdad formal sobre la verdad de los hechos”, aparte de que
prevalecen altos índices de parcialidad, corrupción, impunidad y tráfico de
influencias.
Desde
2012, Guerrero ocupa el primer lugar en homicidios a escala nacional. La tasa
de homicidios dolosos es de 55 por cada cien mil habitantes, cifra que
representa cuatro veces mayor a la media nacional.
En
Guerrero se registraron 19 mil 934 homicidios dolosos entre 2005 y 2014, por
los cuales la Fiscalía General del Estado (FGE) inició 7 mil 965 averiguaciones
previas que derivaron en mil 601 acusaciones formales y se obtuvieron 764
sentencias condenatorias.
Es
decir, del total de homicidios denunciados durante nueve años en la entidad
sólo hubo 3.83% sentencias condenatorias, alerta el PED.
Policías
comunitarias y guerrilla
El
reporte, denominado como el eje rector del gobierno de Astudillo, considera que
al clima de inseguridad generado por el narco que actúa en contubernio con
autoridades de los tres niveles y el Ejército, se suma la presencia de grupos
de autodefensa ciudadanas y policías comunitarias.
Al
respecto, el gobierno de Astudillo dice sin especificar que “algunos” de estos
grupos armados tienen reconocimiento legal y apoyo del estado y otros los
califica simplemente como “ilegales”.
También
reconoce que, “en teoría”, las guardias comunitarias surgieron para realizar
tareas de vigilancia ciudadana y evitar la infiltración de las organizaciones
criminales.
No
obstante, afirma que las policías comunitarias han sido “cooptadas con
frecuencia por el narco” y que sus integrantes incurren en diversos delitos,
como “detenciones arbitrarias, aplicación de justicia por mano propia, tortura
y asesinatos”.
Luego
hace referencia al caso de la guerrilla, al afirmar que las organizaciones
políticas armadas se mantienen en estado latente la mayor parte del tiempo en
la entidad, aunque “se reactivan en ciertos eventos”, como el caso Ayotzinapa.
Por
ello, el PED señala que Guerrero enfrenta una crisis de inseguridad “sin
precedente”, que se generó durante los últimos diez años, periodo donde el
fenómeno de la violencia vinculada al crimen organizado ha ido en aumento.
La
gobernabilidad en Guerrero, afirma el documento, “se ha visto amenazada” por la
inseguridad, y por ello el gobernador Astudillo se ha comprometido “a devolver
al estado la gobernabilidad democrática plena”.
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