Alberto
Rodríguez Guzmán.
SAN
LUIS ACATLÁN, Gro., 11 Noviembre 2015.- La Casa de la Mujer Indígena (CAMI),
denuncian que se sienten agredidas y amenazas directamente tras la liberación
del profesor Germain Vázquez Juárez, quien supuestamente abuso sexualmente de
una menor en el mes de agosto y que ahora la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC), dejo libre al presunto agresor.
La
coordinadora Apolonia Placido Valerio y la asesora de la casa Valladolid
Ventura Nava, informaron que hace poco más de dos meses Germain Vázquez, abuso
de una menor y fue enviado a la casa de justicia de la CRAC en este mismo
municipio, pero ahora desconocen porque la policía comunitaria a cargo de Abad
García García, dejo en libertad a este sujeto.
Aunque
se entregaron a la CRAC suficientes pruebas que acreditan el delito, la
decisión de las autoridades comunitarias tomada en la Asamblea Microregional se
determinó por sugerencia de la Comisión investigadora, no acreditar dicha violación
y establecieron que existieron “abusos deshonestos” pero no violación con el
argumento de que ellos ya se conocían y tenían una relación previa.
“Reiteramos
que todo acto sexual cometido en contra de la voluntad de la mujer mediante el
uso de la fuerza física es una violación y debe ser castigado como tal, máximo
en un caso como éste donde se trata de una menor de edad y una figura de
autoridad como un maestro de primaria”, señalaron las coordinadoras.
Sin
tener en cuenta las pruebas y consideraciones recabadas por las organizaciones
que acompañaron el proceso, el delito de abusos deshonestos es una forma de
enmascarar o atenuar la gravedad de crímenes como la violación y el abuso sexual.
A
pesar de ello, la decisión de las autoridades fue encarcelar a la madre y el
abuelo de la menor por considerar que no habían sabido educarla y someter a
reeducación al profesor asignándole tareas como docente cuando existe
información de otros casos de abusos a otras menores que por miedo no se han
atrevido a denunciar.
De
inmediato la CAMI manifestó públicamente ante la asamblea microregional y la
localidad donde ocurrieron los hechos la inconformidad con la decisión por
considerar que viola flagrantemente los derechos de las mujeres, perpetua la
imposibilidad de acceder a la justicia, revictimiza a la menor quien ha sido
sometida a toda clase de situaciones públicas de vulneración de su privacidad.
Señalaron
que coloca nuevamente la responsabilidad de estas situaciones en las mujeres o
sus familias y no en los agresores, al decidir encarcelar a los familiares
porque supuestamente “no supieron cuidar a las hijas”.
La
respuesta a ello desde entonces ha sido una serie de acciones de amenazas,
acciones de desprestigio público e intimidaciones a las dos compañeras que han
estado dando seguimiento al caso.
La
violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo un serio problema en el país,
el Estado y la región donde se vive cotidianamente la violencia física y sexual
hacia las mujeres así como el abuso de menores de edad, muchos de ellos al
interior de las familias o en las escuelas.
Sin
embargo pocas denuncian por temor y amenazas o bien por falta de credibilidad
en las instituciones responsables de impartir justicia.
Si
hoy las mujeres y niñas de San Luis Acatlán que se atreven a denunciar tampoco
encuentran respuesta en sus autoridades comunitarias y por el contrario se
toman decisiones que apuntan a la impunidad, la revictimización y la amenaza a
las defensoras de derechos humanos qué espacio les queda entonces al cual
acudir en busca de justicia? El mensaje es que los derechos de las mujeres
pueden ser violados de manera sistemática, reiterada y sin ninguna consecuencia.
Por
todo lo anterior
MANIFESTAMOS:
1.
Nuestro rechazo total a la liberación del profesor acusado y a la forma como
está siendo minimizado el delito cometido por él pues las diferentes pruebas
recabadas (dictamen médico, testimonio de la menor, fotos de lesiones,
valoración psicológica) evidencian violación sexual y hay señalamientos de que
su comportamiento ha sido abusivo con varias menores de edad.
2.
Nuestra exigencia de justicia para la menor y preocupación por la pretensión de
cerrar el caso de la menor sin tener en cuenta las pruebas y consideraciones
recabadas por las organizaciones que acompañamos el proceso. Igualmente nuestro
rechazo a culpar a la víctima, en este caso a la menor, a su madre y a su
abuelo. Castigar a las víctimas del delito es a toda luz un mensaje para que se
promueva la no denuncia de las comunidades, es revictimizar y profundizar el
dolor ante hechos tan indignantes como lo es en este caso una violación sexual.
3.
Nuestra exigencia de cese a la situación de acoso, hostigamiento y desprestigio
de la cual están siendo víctimas nuestras compañeras de la Casa de la Mujer
Indígena Nellys Palomo en especial hacia la Coordinadora de la CAMI la
compañera: APOLONIA PLACIDO VALERIO, y la asesora de la misma: la abogada
VALLADOLID VENTURA NAVA. Aclaramos que este no es un asunto personal ni
político pues el trabajo de la CAMI y las organizaciones acompañantes como
Kinal Guerrero y Kinal DF durante todos estos años ha sido prevenir y atender
casos de violencia de género colocando al centro la defensa y protección de los
derechos de las mujeres. Hacemos responsables de cualquier daño que sufran las
compañeras a la Crac, directamente a Abad García García, Martin Encarnación de
la Cruz y Jesús Carranza Rojas, quienes autorizaron la liberación del profesor
Germain Vázquez.
4.
Manifestamos que por años hemos sido compañeras de la lucha de los pueblos, y
reconocemos el papel central que han jugado las autoridades comunitarias de los
pueblos entre ellos la CRAC en la región. Hemos estado y estaremos en este
proceso de lucha colectiva de los pueblos, pero no a costa de los derechos de
las mujeres ni la integridad de las organizaciones defensoras de derechos
humanos como la CAMI. ¡No a la impunidad ni a las amenazas vengan de donde
vengan!
5.
Convocamos a una Jornada por la Vida libre de violencia hacia las mujeres y
niñas en próximas fechas y llamamos a las organizaciones hermanas y a las de
derechos humanos, a solidarizarse con este caso, a estar vigilantes rodeando a
las compañeras y a exigir de manera amplia a las autoridades respeto y
garantías a la integridad física y emocional de las compañeras
La
CAMI es una organización formada por un equipo de parteras, parteros,
promotoras y promotores indígenas quienes desde mayo de 2011 prestan un
invaluable servicio a las mujeres y hombres de la Costa Chica-Montaña, cuando
diariamente acuden a la misma buscando apoyo para la atención de su salud
sexual y reproductiva, especialmente durante el embarazo y parto; así como
pidiendo orientación para casos de violencia y abuso vividos por las mujeres
indígenas de la región.
Durante
los cuatro años que han transcurrido desde su fundación, la CAMI atiende de
manera voluntaria, respetuosa, en su propia lengua y con una perspectiva de
derechos a cientos de mujeres, hombres, jóvenes, recién nacidos Meph´a, Na
Saavi, mestizos y afromexicanos, de los municipios de San Luis Acatlán,
Malinaltepec, Iliatenco, Tlapa y Marquelia. Este ha sido un trabajo de respeto
y colaboración con otras instancias existentes en la región como las
autoridades comunitarios de cada localidad, la Coordinadora Regional de
autoridades Comunitarias, la Secretaría de Salud, de la Mujer, DIF,
ayuntamiento municipal, entre otros.
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