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La Fiscalía General del Estado va contra policías comunitarios

Agencias.

ACAPULCO, Gro., 23 Octubre 2015.- La viuda de Miguel Ángel Jiménez Blanco, promotor de la Policía Ciudadana de Xaltianguis asesinado el pasado 8 de agosto, Silvia Hipólito, aclaró que esperará a que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue el hecho y capture a los responsables, por lo que desconfía de la detención que hizo el Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) de un presunto responsable.
Sin embargo, aclaró que en la investigación oficial no hay avance alguno, por lo que urgió a las autoridades a agilizar las indagatorias para hacer justicia.
“Yo le hice la petición al Fiscal de que el caso se pase a delitos graves y estamos en espera, porque no ha habido avances”, dijo en una breve entrevista.
Y sobre la detención que hizo el FUSDEG, indicó: “No sé qué tan cierto sea eso porque, pues, pueden intentar cualquier cosa. Hasta que no se llegue a fondo se sabrá quién es el culpable. Yo espero a que la autoridad (oficial) investigue”.
Por su parte, la Fiscalía del Estado detalló que se está en “análisis” de las circunstancias que estaban alrededor del promotor comunitario, cuando estaba con vida.
El fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz destacó frente a la viuda de Jiménez Blanco que en el tema de policías comunitarios tienen pendientes varias órdenes de aprehensión “que tienen que llevar a cabo”.
Adelantó que incluso se solicitará la coadyuvancia de “todas las corporaciones policiacas” para ejecutar las órdenes de aprehensión que son en todas las regiones del estado; informó que son unos 10 casos.
El Fiscal justificó que “el Estado tiene que garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, pero en este momento hay un “descontrol” en el tema de las policías comunitarias porque no están legitimadas ni reglamentadas, por lo que “los encargados de hacer cumplir la ley” son las autoridades oficiales.

Incluso afirmó que las policías comunitarias no reúnen las condiciones para llevar a cabo la función de cuidar a los ciudadanos, por lo que la tarea “se debe dejar en manos del Estado y de profesionales”.