Lo
peor es que a nadie parece importarle.
CIUDAD
DE MÉXICO, DF., 12 Agosto 2015.- En lo que va del año, la entidad registra casi
mil asesinatos, los mismos que se produjeron en todo 2013, cuando Guerrero
debutó como el estado más violento del país. A este ritmo, 2015 podría terminar
con mil 500 homicidios dolosos. Una locura.
Prácticamente
no hay región del estado que esté libre de saña. La estela de sangre va de
Tierra Caliente a Costa Chica, y de La Montaña a Costa Grande.
Acapulco
se ha vuelto la ciudad más peligrosa del país y una de las más peligrosas del
mundo. Durante el mes de junio mataron allí a 62 personas. Del 15 de julio a la
fecha, ha habido 83 homicidios.
Escriba
el nombre del puerto en cualquier buscador de noticias y lo que brincará es la
ola de asesinatos que azota a un lugar que, por otras razones y en otros
tiempos, dio renombre a México a nivel internacional.
La
disputa del territorio entre bandas rivales de la delincuencia parece estar
detrás de la violencia.
Lo
que hasta hace pocos años era un enfrentamiento de dos grandes polos
delincuenciales –los cárteles del Pacífico y del Golfo– ahora es una guerra en
la que el número de participantes rebasa fácilmente la veintena.
Están,
por supuesto, los Guerreros Unidos, los Rojos y los Ardillos, que se han dado a
conocer a nivel nacional por hechos tan terribles como las desapariciones de
Iguala y Chilapa, pero la lista no se detiene ahí. Están también el Cártel
Independiente de Acapulco, el Nuevo Cártel de la Sierra, La Nueva Empresa, Los
Granados, y las bandas de El Tigre y El Solano, entre otras. También ha
incursionado ya el Cártel Jalisco Nueva Generación y hay presencia de lo que
queda de La Familia Michoacana.
La
situación ha llegado a tal grado que el propio gobernador sustituto, Rogelio
Ortega Martínez, reconoció a finales de julio que “nada es suficiente para la
magnitud del problema que tenemos con la incidencia de las bandas
delincuenciales”.
Unos
días antes, ante la Comisión Permanente, Ortega dijo que la situación de
desastre financiero de la entidad –causada, según él, por las protestas
magisteriales– hacía que lo más viable para Guerrero sería dar por concluido
anticipadamente el actual periodo de gobierno y adelantar la toma de posesión
del gobernador electo Héctor Astudillo.
Imagínese
lo que le espera a Guerrero en las seis semanas que faltan para el cambio de
Poderes.
Y
no es que todo vaya a componerse en cuanto Ortega pueda tirar la toalla
legalmente. Pero es previsible que en el actual periodo de transición, en el
que no parece haber autoridad a cargo de nada, las cosas simplemente se pongan
peor.
Las
noticias de las últimas horas resultan escalofriantes: los asesinatos en las colonias acapulqueñas
Emiliano Zapata, Costa Azul y Renacimiento, así como al descubrimiento de una
fosa clandestina en la colonia Alta Cuauhtémoc, del mismo puerto, hay que sumar
la retención de una veintena de personas de la comunidad de San Antonio
Cayahuacán, del municipio de Olinalá, por un conflicto entre la policía comunitaria
de ese lugar y la organización Antorcha Campesina.
Y
aunque ese último hecho terminó sin situaciones que lamentar, sí es deplorable
cómo se resuelven las cosas en un lugar donde reina el desgobierno. La vida
humana se ha convertido en una mera prenda.
Por
si fuera poco, el sábado pasado fue encontrado muerto, a bordo del taxi que
manejaba, Miguel Ángel Jiménez, el comandante de la policía comunitaria de la
Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
El
año pasado, a partir de los hechos de Iguala, Jiménez había liderado la
búsqueda de cuerpos enterrados en forma clandestina en ese y otros municipios
del norte de Guerrero.
Gracias
a su labor, fueron encontrados 104 cuerpos, lo que permitió a muchas familias
de desaparecidos saber qué había pasado con sus seres queridos. Con el
homicidio de Jiménez, incluso esa esperanza parece haberse esfumado.
Pascal
Beltrán / Excélsior
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