CIUDAD
DE MÉXICO, DF., 11 Agosto 2015.- El ataque y la desaparición de 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa han puesto a prueba la viabilidad de la reforma en
derechos humanos, consideró el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
El
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la
gravedad y trascendencia de las imputaciones que se formulan como consecuencia
de estos hechos, “demanda que las investigaciones se hagan con la mayor
celeridad posible, sin que ello afecte la seriedad y responsabilidad que el
caso amerite”.
Entre
las principales violaciones a derechos humanos prevalecen la tortura,
ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos y
degradantes, libertad de expresión, salud y educación, subrayó en el marco del
Tercer Ciclo de Conferencias Los Derechos Humanos Hoy, organizado por la
Universidad Nacional Autónoma de México en el Palacio de la Antigua Escuela de
Medicina.
El
pasado 23 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 32
observaciones y propuestas sobre la investigación de la desaparición de 43
estudiantes normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre en Iguala,
Guerrero.
“Ante
la barbarie ocurrida en Iguala, no es momento de callar ni olvidar”, dijo el
ombudsman nacional, Luis Raúl González, quien llamó a romper la alianza entre
el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad, pues advirtió que
sin esa ruptura nunca se alcanzarán ni la paz ni la justicia en México.
Condenan ataques
contra periodistas
El
Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a
garantizar la integridad física y seguridad jurídica de periodistas y
defensores de derechos humanos, por considerarlo fundamental para el desarrollo
democrático del país.
El
organismo defensor emitió este martes un pronunciamiento público en el que
enfatiza la necesidad de que el Estado salvaguarde a defensores de las
garantías individuales, periodistas e instalaciones de medios de comunicación.
También
reprobó de manera enérgica los recientes acontecimientos en los que murieron un
periodista y una defensora de derechos humanos, así como el ataque a un medio
de comunicación.
Todas
esas acciones, aseveró, repercuten negativamente contra el derecho de la
sociedad a contar con información oportuna y veraz, así como a gozar de una
adecuada seguridad pública.
Subrayó
que “no pasa inadvertida la obligación del Estado mexicano de investigar esas
agresiones a profundidad, para que la autoridad judicial imponga a los
responsables las sanciones que las leyes prevén y las víctimas y sus familiares
conozcan la verdad”.
En
el pronunciamiento del Consejo Consultivo destacó que los ataques antes
referidos traen consecuencias en lo individual para las víctimas y sus
familias, pero también en lo social.
Sostuvo
que se trata de hechos que vulneran el régimen democrático y por ello las
autoridades y la sociedad deben asumir en conjunto un compromiso con la
libertad de expresión, con el objetivo de prevenir y sancionar de manera
adecuada las agresiones de ese tipo.
Con
información de Notimex y Noticias MVS.
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