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No basta detener narcos, falta una ley de cooperación con grandes capos

México debería no sólo detener a los delincuentes, sino implementar, como en Colombia, una ley de cooperación con los grandes capos de la droga, a fin de que puedan entregar rutas, bienes y ayuden a la desarticulación total de sus organizaciones delictivas y de narcotráfico, sugirió Álvaro Eduardo Sarmiento García, director nacional especializado contra el Crimen Organizado de la Fiscalía de Colombia.
Entrevistado por El Economista, destacó que en Colombia se analiza una ley de sometimiento de criminales, por la que se nombra a un fiscal para la negociación legal con los delincuentes, a fin de que puedan entregar bienes, rutas y la operación de las organizaciones, acción que podría también implementarse en México, sugirió.
Destacó que el combate al narcotráfico no puede entenderse si, como en Colombia, se combate la corrupción y se detiene a elementos policiacos, judiciales y hasta mandos militares que cooperan con la delincuencia.

¿Cuáles son los grupos del narcotráfico mexicanos con asociaciones en Colombia?
“Hay mucha información de inteligencia sobre presencia de carteles mexicanos en Colombia, pero de crimen organizado, por ejemplo (el cártel) del Pacífico, sí hay”.

¿Les funcionó lo que hace México: detener a líderes, pero sin golpear su estructura?
“Frente a eso, hay un proyecto de sometimiento de integrantes de organizaciones criminales, donde existe se nombra a un fiscal negociador para que hable con los representantes de los grupos o los líderes de las organizaciones criminales y lograr su sometimiento. Ese proyecto es muy importante porque en muchas regiones del país hay voluntad de las partes o de las organizaciones criminales de entregarse al Estado”.

¿En México, según la experiencia de Colombia, podríamos implementarlo?
“Sí, si hay voluntad política, voluntad de la rama judicial, y de los jueces, sería buenísimo implementar eso. Nosotros estamos pendientes de aprobación en el Congreso para que empiece a funcionar y las organizaciones criminales se entreguen; además, existen en el proyecto algunos beneficios a cabecillas capturados, para que obtengan una rebaja después de la condena. Ese beneficio no lo tienen. Esto es para que entreguen bienes, entreguen rutas, entreguen organizaciones, todo lo que tiene que ver para que tengas una recompensa de rebaja de la pena (de 30 a 20 años, por ejemplo). Hay mucho condenado que quiere hablar, pero a cambio de qué”.

¿Qué recomendaciones haría, según lo que vivió Colombia, para no llegar a los niveles de narcoterrorismo en Colombia?
“Yo creo que aquí lo importante es atacar la corrupción. Siempre que hacemos operaciones, capturamos policías, del Ejército, gente de nosotros mismos de la Fiscalía que están trabajando para ellos. El tema de corrupción es muy importante hacerle contrainteligencia de policía o los grupos especiales que se dedican a estudiar a la misma policía. Es muy importante mantener ese control sobre las policías judiciales, inclusive frente a políticos y a concejales. Nosotros hemos capturado desde un patrullero hasta a coroneles del Ejército que están metidos con bandas criminales”.

¿Cómo le hicieron en el caso de niños sicarios?
“Ese problema no es sólo de México, nosotros los tenemos. Los delincuentes utilizan a los menores. Y cuando hay menores dentro de la organización, nosotros les imputamos los delitos a ellos, por el delito de utilización de menores para cometer actividades ilícitas; eso es un delito en Colombia. Para los menores se aplica la ley de adolescentes; entonces ahí es que van a un centro de recuperación, o se le quita la patria potestad para que entreguen al menor”.
En nuestro país se acusa la vinculación de autodefensas en Michoacán y Guerrero

con el narcotráfico. ¿Puede haber autodefensas sin dinero ilícito?
“Se detectaron 33 autodefensas en el 2006 que hoy hemos logrado reducir a tres grandes y otras más regionales, hacen narcotráfico, homicidio, pero no se han expandido”.


jmonroy@eleconomista.com.mx