Ante
esto consideraron llevar el caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya emitió medidas
cautelares para las víctimas y repudiaron las declaraciones del procurador Murillo
Karam.
En
el expediente hay dos versiones, una que fueron enterrados en fosas y otra que
fueron calcinados, pero no han sido confrontadas, informó e l abogado de
Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra, pues además se descartó la línea de
investigación hacia el ejército, y no se está revisando la actuación del ex
gobernador Ángel Aguirre Rivero ni de los alcaldes de la Zona Norte.
Vidulfo
Rosales, subrayó que hay una “prisa e intencionalidad política” del gobierno
federal para cerrar el caso a pesar de que no se ha alcanzado el grado de
verdad histórica que los padres de familia necesitan, detallo que el tema no se
puede cerrar debido a que hay una gran cantidad de aspectos que aún no han sido
esclarecidos.
Uno
de los puntos por los cuales no se puede cerrar e caso dijo que hay certeza
científica para asegurar que los normalistas fueron asesinados, y señaló el
testimonio del presunto delincuente apodado “El Cepillo” no es concluyente ya
que no vio los hechos de violencia contra los jóvenes de principio a fin.
De
igual forma, Rosales expuso que otros puntos que impiden el cierre de la
indagatoria son que hay denuncias de tortura de algunos detenidos no se ha
resuelto el asesinato del joven Julio César Mondragón y aún sigue prófugas
varias personas que podrían ayudar a entender lo que le ocurrió a los
estudiantes de Ayotzinapa.
Asimismo,
no hay ningún proceso penal por el delito de desaparición forzada, existen dos
versiones contradictorias entre sí sobre el desarrollo del delito que no han
sido esclarecidas, y no hay certeza legal de la muerte de los jóvenes para
afirmar que se está investigando un homicidio.
El
abogado expuso que desde 2003 había testimonios de que el Ejército estaba en
complicidad con el cártel de “Guerreros Unidos” y no se ha esclarecido que
otros funcionarios estaban en complicidad con los delincuentes, no sólo a nivel
municipal sino también federal y estatal.
Subrayó
que desconfían del informe que dio a conocer este martes el procurador Jesús
Murillo Karam, e impedirán que el gobierno cierre el caso, por lo que llevaran
a nivel internacional el caso con el objetivo de que sigan investigando lo
ocurrido hasta llegara la verdad.
Felipe
de la Cruz, vocero de los padres y madres de los estudiantes, manifestó su
repudio por la manera en que el procurador busca cerrar “de manera descarada”
lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre, critico las acciones de este caso,
asegurando que las mismas autoridades violaron los acuerdos firmados por el
presidente Enrique Peña Nieto, que obligan al gobierno a dar a conocer primero
a los padres cualquier avance en las investigaciones, antes que a los medios.
“La
postura de los padres es que no vamos a permitir que concluyan o cierren las
investigaciones, seguiremos insistiendo y vamos a mantener esta lucha hasta las
últimas consecuencias, hasta que no se nos demuestre de manera científica que
los mataron, porque vivos se los llevaron y vivos nos los van a entregar”,
puntualizo.
Uno
de los padres de los normalistas dijo que no se pueden ir a casa con "este
dolor" y advirtió que continuarán la lucha hasta el final, "hasta que
todo se aclare", en tanto la madre del estudiante Benjamín Ascencio
Bautista, dijo que harán actividades
hasta que les entreguen a sus hijos.
La
madre de Jorge Aníbal, reiteró que "No puede tener más valor la palabra de
un delincuente que la palabra de nosotros" y agregó que la PGR, en un
principio les dijo que quemaron los celulares, sin embargo, aclaró que de
acuerdo al último reporte de las autoridades le indicaron que el teléfono de su
hijo registró actividad días después de que supuestamente fueron incinerados.
Pidió
la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, mientras que los padres enumeraron por lo menos 10
razones por las cuales no se puede cerrar el caso, además reiteraron que el
caso de los estudiantes desaparecidos, no es un hecho atípico, ya que hay
muchos casos más de desapariciones forzadas en el país.
Agencias.
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