CHILPANCINGO,
Gro., 13 Enero 2015.- Alrededor de 300 policías federales y estatales con
equipo antimotines resguardaban el acceso a la 35 Zona militar de Chilpancingo,
para evitar un acontecimiento igual al que vivió el 27 Batallón de Iguala, por
parte de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de
Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos.
En
esta capital los manifestantes incendiaron una camioneta blanca a unos metros
de la puerta de una de las instalaciones militares, y lanzaron consignas de que
las protestas continuarán hasta que les entreguen a sus hijos, amenazaron que
estas acciones las estarían realizando en todos los cuarteles militares del
estado de Guerrero.
En
la 35 zona militar colocaron alambres de púas sobre los accesos principales y
un anuncio de advertencia: “estas instalaciones militares son propiedad de la
federación y su ingreso a las mismas sin
autorización se considera un delito que será sancionado conforme a la ley de la
materia”.
Alrededor
de las 4:30 de la tarde, llegaron los padres de los desaparecidos a la 35 Zona
militar, donde se confrontaron con el Ejército, principalmente de manera
verbal, al frente marcharon algunos padres de los 43 estudiantes desaparecidos
al acceso principal el cual se encontraba cerrado, cubierto con alambres de
púas y unas estacas de metal.
Los
padres de familia, insistían que los soldados fueron participes de la masacre y
desaparición forzada de los normalistas en el ataque de policías municipales y
sicarios en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
El
presidente del comité de padres de los desaparecidos, Melitón Ortega, dijo que
de nada sirve tener a tanto militar en las calles sino hacen nada y “no sirven
para nada”, pues aseguro que de nada ha servido tanto despliegue de fuerzas militares
si los asesinatos continúan en todo el estado de Guerrero.
El
abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo
Rosales Sierra, señalo que por acuerdos de la Asamblea Nacional Popular (ANP),
no descansaran hasta que les permitan entrar a los cuarteles para verificar si
en el interior se encuentran los estudiantes desaparecidos.
Una
voz que salía desde el interior del cuartel militar, mediante un megáfono, ofreció
que una comisión de manifestantes podría ser atendida por autoridades federales
y estatales, y personal de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos
Humanos (Codehum), pero en respuesta solo recibieron más reclamos “fuera el Ejército
de Guerrero”.
Un grupo de personas con el rostro cubierto, antes de retirarse incendiaron una camioneta de color blanco frente a las instalaciones y se retiraron después de las 5 de la tarde.
El Siglo.
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